De Izquierda a Derecha – Niurka Palacio, Ministra de la Mujer; Samirah Armengol, Directora General CIMUF; Rocio Vega, Representante Legal de esri Panamá.
Este acuerdo, firmado por Samirah Armengol González, directora general de CIMUF, y Rocío Vega, representante legal de Esri Panamá, marca un hito para ambas organizaciones. El acto de firma se realizó en el Hotel Renaissance Panamá, espacio que fue donado generosamente para la ocasión, destacando así el compromiso del sector privado con las causas sociales.
El convenio establece un marco de colaboración para el desarrollo de proyectos conjuntos que integren la plataforma ArcGIS, tecnología líder en sistemas de información geográfica (GIS), como herramienta para el análisis de datos, la creación de políticas públicas basadas en evidencia y el diseño de soluciones innovadoras en comunidades históricamente excluidas.
La tecnología geoespacial al servicio de lo social
“El poder de los datos puede cambiar vidas. Esta alianza permitirá visibilizar realidades que han sido históricamente ignoradas y diseñar estrategias de impacto con base en la evidencia”, expresó Samirah Armengol durante la firma.
Desde su fundación, CIMUF ha trabajado por los derechos de mujeres, personas LBTQ+ y otras poblaciones marginadas, desarrollando programas de formación en liderazgo, activismo y organización comunitaria. Con esta alianza, dichos programas contarán con respaldo tecnológico para mapear poblaciones beneficiarias, identificar brechas sociales y construir narrativas fundamentadas en información confiable.
Por su parte, Esri Panamáreafirma con esta colaboración su compromiso con el desarrollo sostenible, la diversidad y la inclusión, promoviendo el uso de sus herramientas como motor de transformación social.
“La tecnología ArcGIS no solo sirve para entender el mundo, sino también para transformarlo. Es un honor acompañar a CIMUF en su misión de construir una sociedad más justa e inclusiva”, destacó Rocío Vega.
El convenio tiene una vigencia inicial de cinco añosy contempla el desarrollo de proyectos específicos a través de anexos complementarios. También incluye cláusulas de confidencialidad, respeto a la normativa de protección de datos personales y cooperación interinstitucional para maximizar el impacto de la alianza.
Un evento con aliados clave
La firma contó con la presencia de destacadas figuras nacionales e internacionales, entre ellas:
Su Excelencia Niurka Palacios, Ministra de la Mujer de Panamá
Representantes de Organismos del Sistema de Naciones Unidas Panamá
Su Excelencia Patricia Etkinson, Embajadora de Canadá en Panamá
Representantes de las embajadas de México, Países Bajos y Reino Unido
María Inés Castillo, ex Ministra de Desarrollo Social de Panamá
Representante del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)
Dra. Gabrielle Britton del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (INDICASAT)
Con esta alianza, CIMUF y Esri Panamá reafirman su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apostando por un futuro más justo, inclusivo y sustentado en datos confiables para transformar realidades.
CIMUF y la Escuela Cimufiana de Activismo Político LGBTIQ+: Un paso firme hacia el cambio en Panamá
Cuando hablamos de derechos humanos y equidad, es imposible no mencionar a CIMUF, la Coalición Internacional de Mujeres y Familia, una organización que desde 2016 ha liderado la lucha por los derechos de las mujeres diversas en Panamá y la región. Con una perspectiva feminista y de género-queer, CIMUF ha demostrado que transformar realidades no solo es posible, sino imprescindible. Hoy, nos emociona compartir un nuevo hito en su trayectoria: la Escuela Cimufiana de Activismo Político LGBTIQ+ (ECAP), una innovadora iniciativa financiada por la Embajada Británica en Panamá.
¿Qué es la ECAP?
La Escuela Cimufiana para el Activismo Político LGBTIQ+ es más que un proyecto de formación; es una plataforma para la creación de liderazgos comprometidos, informados y capacitados para incidir en las políticas públicas y transformar sus comunidades. Con una duración de 3 meses, este proyecto busca empoderar a activistas LGBTIQ+ y aliades emergentes y consolidados, ofreciéndoles herramientas teóricas y prácticas para enfrentar los desafíos que persisten en la defensa de los derechos humanos.
Desde febrero hasta abril, participantes de diversos sectores de la sociedad civil panameña recibirán formación en temas como incidencia política, derechos humanos, comunicación estratégica, liderazgo activista y feminismo interseccional, consolidando una red de liderazgos que se convierta en un agente de cambio a nivel nacional.
El impacto de la ECAP en la comunidad LGBTIQ+
En un país donde la discriminación aún limita oportunidades para las personas LGBTIQ+, la ECAP se erige como una respuesta audaz y necesaria. Este programa no solo fomenta el desarrollo de capacidades individuales, sino que también fortalece el tejido organizativo de la sociedad civil. Cada participante se convierte en un multiplicador de conocimientos, llevando el mensaje de igualdad y justicia a sus comunidades y más allá.
La ECAP también busca fomentar la creación de políticas inclusivas y sostenibles, promoviendo la participación de las personas LGBTIQ+ en espacios de toma de decisiones. La visión a largo plazo es clara: un Panamá donde todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir con dignidad y respeto.
El financiamiento de la Embajada Británica en Panamá no solo es un reconocimiento al trabajo incansable de CIMUF, sino también una muestra de confianza en el potencial transformador de este proyecto. La embajada ha demostrado un compromiso constante con los derechos humanos, y su apoyo refuerza la importancia de alianzas internacionales para impulsar el cambio social.
CIMUF no es nueva en la construcción de iniciativas que impactan. Desde sus inicios, esta organización ha liderado campañas educativas, espacios pedagógicos y ciclos de formación feminista con un enfoque interseccional, logrando posicionarse como un referente en Panamá y la región. Su capacidad para identificar necesidades, diseñar estrategias y ejecutarlas con excelencia es lo que garantiza el éxito de proyectos como la ECAP.
Hacia un futuro más inclusivo
La Escuela Cimufiana para el Activismo Político LGBTIQ+ es un ejemplo brillante de cómo la combinación de visión, experiencia y alianzas estratégicas puede transformar realidades. Gracias a CIMUF y a la Embajada Británica, Panamá avanza hacia un futuro donde las personas LGBTIQ+ no solo sean reconocidas, sino también celebradas por su diversidad y aportes a la sociedad.
Mónica Garza relata sobre la primera ocasión donde oyó la palabra ABLACIÓN, hace unos 25 años atrás. En mi caso, fue en la juventud, navegando por internet. Visualicé un video donde unas muchachas relataban su historia. De principio a fin, el video informaba acerca de: la idea normalizada entre hombres y mujeres, la violencia alrededor de la ilusión de cuidar una virginidad intacta, la cultura y la huida por sobrevivir de algunas chicas siendo niñas. Todos los aspectos eran aterradores ante mis ojos.
No hallaba aquella idea normal o humana siquiera; considero que lastimar no tiene correlación con el querer o cuidar.
Especificaba que la mutilación genital es la garantía de la apreciación social, tanto para los varones como las mujeres. Las madres les brindan una falsa calma para llevarlas donde una mujer que se encarga del procedimiento, desde que son niñas.
Mónica nos aclara la relevancia que implica visibilizar algo tan crudo y aborrecible, con el objetivo de: “que se alcen todas las voces posibles, en todos los idiomas, para intentar impedir que otra niña más sea sometida a ese tormento, por religión, tradición o esa superstición ignorante que tantas vidas de mujeres ya se ha llevado”.
Tenemos esta falsa suposición de que estos hechos sólo suceden en una África o una Asia lejana, pero también tienen terreno en Latinoamérica, específicamente entre algunas comunidades indígenas, donde se pierden vidas por estas prácticas o entre sus complicaciones.
Las ideas arraigadas a estas viejas costumbres y sus ideologías, sólo contribuyen a la brecha de género y la normalización de los abusos.
En Panamá, la abogada y ex sub-directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Toribia Venado expresa que es “un ejemplo más del poder patriarcal y del machismo que ejerce el hombre donde no se reconocen los derechos humanos de la mujer”, acerca de algunos posibles casos de mutilación genital femenina en la frontera entre Panamá y Colombia.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas incluyen la erradicación de la mutilación genital femenina antes del 2030 en el Objetivo 5, dedicado a la igualdad de género, un flagelo del que ha sido víctima más de 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.
Es difícil calcular un el número exacto de niñas, adolescentes y mujeres a las que se les ha practicado la mutilación genital. Aunque en un reporte presentado por UNICEF en 2016, señaló una aproximación de por lo menos 200 millones de niñas y mujeres, en 30 países.
Y existe un acuerdo universal para la erradicación de esta practica conocida como la “Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina”, ratificada por la Asamblea General de la ONU. Este acto, ablación femenina, simple y llanamente, viola todos los derechos de las niñas; los derechos sexuales y reproductivos, la salud, la seguridad, la integridad física y el derecho a la vida.
Fuentes: Mònica Garza, 06/02/2022. Revista Central, México.
Las realidades son diferentes para diferentes sectores, pero esta turbulencia nos va a afectar a todos. Sin embargo, los que siempre han sufrido ahora están en condiciones insostenibles. Saber que ya en este país se habla de hambruna, de personas que pasan 3 días sin comer, es inconcebible. La necesidad es abrumadora y las fundaciones no la estamos pudiendo suplir.
Nos quedamos cortos con los recursos.
En el caso del rescate de Alimentos, a través de la fundación tratamos de hacer alianzas con las compañías de distribución de alimentos, algunas han entendido su responsabilidad social, pero en muchos casos se nos ha hecho casi una misión imposible lograr su cooperación.
Y lo más interesante es ver cómo siguen tirando a la basura COMIDA, NO BASURA. Esto muestra una enorme desconexión del sector privado, que si bien es cierto, también está sufriendo, no está entendiendo que muchas cosas pueden ser solventadas si abren un poco su privilegiada burbuja y se asoman a ver las enormes necesidades del país.
Lo que nos viene como país va a ser muy duro.
Finalmente parece haber un despertar colectivo que nos ha llevado a volcarnos a las calles. Pero entendamos algo, aquí tenemos un problema de sistema, tenemos un problema de castas, tenemos un problema de desigualdad que vienen desde las bases de nuestra creación como país. Fuimos fundados en desigualdad. Está perfecto tirarnos a las calles porque somos gobernados y administrados por partidos y políticos incapaces, desinteresados e incompetente. Todo esto es muy cierto. Pero quitar a este gobierno y poner a otro no va a ser la solución. Y es por esto por lo que este estallido social que parece haber iniciado, es tan importante. Porque este estallido social tiene que remecer no solo las bases de gobierno si no que tiene que remecernos socialmente.
No encuentro una fórmula en donde vamos a poder atravesar por este momento coyuntural sin haber sufrido.
La gran mayoría vamos a sufrir. Pero en este momento, ya existe una sección importante de la población que está sufriendo por aquellas cosas de las que muchos tenemos miedo de que nos ocurran. Todo esto sin la intención de quitarle relevancia a lo que está pasando y va a pasar con la clase media trabajadora.
Esto que ya empezó no se va a acabar en 2 días. Esto apenas empieza, imaginábamos que podía pasar, imaginábamos que tan difícil podía ser, pero ahora lo vamos a empezar a sentir. Y no es lo mismo ver al toro venir que sentir sus cachos en el pecho.
Tenemos que prepararnos física y emocionalmente, porque lo que viene va a ser muy complejo. Es fundamental apoyar a las fundaciones y organizaciones comunitarias que van a ser la red de apoyo de los más vulnerados. Pero además, tenemos que fortalecer nuestros tejidos sociales de manera que nos aliviemos la carga los unos a los otros. Esto quizá no será una barita mágica que solucione los problemas, pero si será el soporte vital que nos permitirá reconstruir.
No te tienes que restringir para demostrar amor pensando en la comodidad o incomodidad del otro, dado que el amor es espontáneo y natural.
Les traigo malas noticias, una cocoa espesa, un wichi de mal gusto. La comunidad LGBTI se ha estado educando y muchos han despertado al hecho de que no tienen que ser visibles solamente arriba de un grillo en Carnaval ni desvaneciéndose en la oscuridad en una discoteca o un antro de quinta categoría.
Muchos han entendido que no tienen que irse a Costa Rica, Bogotá o Europa para salir con gente de su mismo sexo y aunque cueste lágrimas de dolor y sangre, han sacado el pecho pagando el precio por su emancipación emocional.
La mala noticia para las lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales es que en este país aún te toca pelear para sostener tus derechos y acceder a los otros que el Estado te sigue negando.
La peor noticia que les traigo es que tienen que leer e instruirse por su cuenta para evitar el saboteo emocional que la sociedad les tiene montada, pues tú los has acostumbrado con tu silencio mientras sufres o te incomodas.
Sí, yo sé que da pereza usar la data para abrir Google y entender por qué LGBTI empieza con la L de lesbiana y no se antepuso la G de gay, lo que obedece a que la comunidad de homosexuales decidió reconocer a las mujeres que durante el peor ataque de VIH y SIDA durante los ochentas, las mujeres se ofrecieron a atender cual devotas enfermeras a los varones mermados por la infección.
Sé que quizás no te preocupe investigar que el estigma de “ser gay es algo malo” porque tampoco una buena parte de la comunidad negra no se informa sobre el origen del Bigotry Law que imperaba durante la esclavitud en América y el Caribe y la humillación era la práctica común. Es por eso que, en Jamaica, por ejemplo, es más peligroso ser homosexual que lesbiana y los crímenes de odio no se investigan.
créditos: @aguaamarantas
Entiendo que lo que te podría incomodar es que debes esforzarte por digerir que no tienes que esconderte, ni dejar de mostrar afecto tal como lo ves comúnmente en parejas heterosexuales.
No te tienes que restringir para demostrar amor pensando en la comodidad o incomodidad del otro, dado que el amor es espontáneo y natural.
¿Qué es lo opuesto al amor?, sostengo que lo opuesto al amor no es el odio sino el miedo, ese miedo que te secuestra, te anula, te daña, te despersonaliza, te invisibiliza, te deshumaniza, y a la postre te convierte en mentiroso.
créditos: @aguaamarantas
La incompatibilidad con la mojigatería es que los antiderechos proponen los valores de la familia tradicional, como exclusivos, pero cuando el hijo nace gay lo obligan a mentirse, hasta creer que llevar doble vida es su única escapatoria.
Qué dolor debe ser vivir perennemente en una apariencia, pero la mala noticia para la población que no es LGBTI es que muchos ya comprendieron que sabe mejor honrar el valor de ser uno mismo.
SIEMPRE EN JUNIO y en PANAMÁ
En junio 2019, 1el Museo de la Libertad y Los Derechos Humanos arrancó de cuajo los letreros de baños inclusivos y además quitaron la representatividad del matrimonio de Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda del Norte junto a su marido Matthew Barrett.
Todo 2020, 2durante la pandemia los trans fueron vulnerados en sus derechos para adquirir alimentos.
En junio 2021, 3miembros de RADIX irrumpieron en museo antes mencionado para destruir las banderas LGBTI.
En junio 2022, 4La administración del Parque Omar se disculpa tras la agresión de un agente del SPI contra la comunidad LGBTI.
Lo peor del último atentado no es la bandera (que no es rótulo ni pancarta, según la norma establecida), sino el respaldo masivo que recibió el agente del SPI que violentó el derecho constitucional de reunión y en este caso de los miembros gays y lesbianas congregados en un picnic, donde tampoco infringieron los 5estatutos del parque.
créditos: @jhonphy
Ese evento lleva 6 años de vigencia sin ningún tipo de contrariedad, lo que indica que el agravio solo generó innecesaria discordia social, iniciada por la extralimitación de una autoridad desinformada sobre derechos constitucionales adquiridos.
créditos: @aguaamarantas
Sorprende la virulenta difamación aún después de las disculpas ofrecidas por la administración del parque.
La desinformación genera difamación, esta a su vez violación de derechos y una de las veces que vimos el mundo arder con un discurso difamatorio fue durante la Alemania nazi y la desinformación contra los judíos. La historia nos enseña lo que no podemos repetir.
“El que renuncia definitivamente al odio, la ira, el enojo, la crítica, el orgullo y el engreimiento, va en el camino del más grande de los triunfos: la liberación de la esclavitud mental”. – Autor Desconocido
(Nota de autora: Primeramente, muchísimas gracias a la colaboración de Malu Cabezas. Escrito dedicado a todos los que luchan, especialmente a Samirah Armengol).
World Pride Panamá -WPP arranca con el Festival Panamá Pride 2022
Bajo el lema “Todas distintas, todas familias”, WPP inicia el Mes del Orgullo LGBTIQ+ con el Festival Panama Pride 2022, en conmemoración a los disturbios de Stonewall en New York, en 1969, este año se cumplen 53 años de lucha por los derechos humanos de la población de la diversidad sexual.
Izada de la bandera LGBTIQ+
El Festival Panamá Pride 2022 dará inicio con la izada de la bandera LGBTIQ+ a nivel nacional el miércoles 1 de junio a las 10:00 a.m. en el Parque Urracá, con nuestro abanderado, Dr. Richard Morales, politólogo, académico y precandidato presidencial, y nuestra Embajadora, Ángela Victoria Jhanono De La O, Reina de Reinas 2021. Esa misma semana, el sábado 04 de junio se estará realizando el LesboFest en el Hotel W, único festival de mujeres LBTIQ, organizado por CIMUF.
Actividades
Como ya es tradición, durante todo el mes de junio, estaremos realizado actividades educativas, culturales, de emprendimiento, turismo, talleres sociales y la 1ra Feria de Empleo para mujeres, junto a la empresa MUVER que tiene políticas inclusivas y respetuosas de la orientación sexual e identidad de género de las personas.
Por primera vez este año realizaremos un Foro de Alto Nivel presentando los resultados que Panamá recibió en las evaluaciones internacionales sobre los derechos humanos de la población LGBTIQ+, por otra parte, el CIEPS – Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP presentará los datos obtenidos con las primeras investigaciones realizadas a nivel local, sobre discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. En el área empresarial hemos unido esfuerzos con Pride Connection quien se encargará del desarrollo de las actividades vinculadas al sector empresarial. Todas estas actividades se realizarán en los distintos hoteles de la cadena Marriott Internacional en Panamá y el Hotel Selina.
Marcha del Orgullo 2022
El cierre del festival Panamá Pride inicia el sábado 25 de junio a las 4:00 p.m. con la multitudinaria Marcha del Orgullo en Panamá, saliendo de la estación del metro de Vía Argentina, hasta el Parque Urracá. Al terminar la marcha inicia el Rainbow Show de la noche arrancando a las 6:00 p.m. vistiéndose de lujo con amplio show de dragas, junto con una amplia representación del talento nacional como Elisama, Marie Claire, Jesús Jamón, El Tenor Jota Álvarez, Alfonso Baysa, de Yo me llamo, Frankie Ruiz y Alejandro Fernández, Erick de América Bailarín de flamenco de las calles de Panamá, competencia de bailes y mucho más.
Franklin Robhinson – Presidente WPPRicardo Mejía – Director Académico WPPRichard Morales – Abanderado WPP 2022Mesa que preside la reunión WPPSala de la Nota de Prensa WPPMesa de la Nota de Prensa WPPSamirah Armengol – Directora Ejecutiva WPP, Presidenta de CimufValentina (Embajadora 2021) y Angela Jhanono De La O (Reina de Reinas 2021)De izq. a der. Barbie Girl, Valentina (Embajadora 2021), Angela Jhanono De La O (Reina de Reinas 2021)
Cuando yo tenía 10 años, mi mamá y mi padrastro trabajaban todo el día y de noche estudiaban en la universidad. Mi hermana y yo los veíamos poco. Así que quien nos cuidaba y se preocupaba de que no nos rompiéramos narices ni hiciéramos demasiados desastres era la empleada doméstica, “la nana”, como las nombran en algunas casas, indistintamente de si la señora sólo limpia, cocina, o se encarga exclusivamente de cuidar a las crías o todas las tareas anteriores, más el perro.
Mi nana en esa época fue todo para mí, todo lo que yo tenía o por lo menos así la sentía:
Yolanda.
Ella era alta, trigueña, de pelo muy negro. Tenía cuerpo de botella y los brazos y las caderas anchas y acolchonadas. Lo recuerdo muy bien, porque cada vez que yo llegaba de la escuela corría a abrazarla y ella me envolvía toda y me sentía tan protegida y segura. Yo sentía que ella mi único refugio. Le contaba todo, todo. Y ella nunca me criticaba o me cuestionaba. Yo sentía que era la única que me entendía y escuchaba realmente. Todo lo que yo hacía le parecía genial. Le encantaba que yo le cantara “Yolanda” de Pablo Milanés.
Yolanda tenía 3 hijos, pero eran todos algo mayores que yo y ella me decía que yo le hacía pensar en ellos. Los extrañaba mucho, siempre me mostraba sus fotos, me contaban todo lo que hacían y me leía las cartas que le mandaban desde su pueblo.
Ella era de Guanacaste, una zona campesina al norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. En esa época no era fácil ir y venir desde allá, así que no siempre los podía visitar cuando tenía días libres.
Mientras Yolanda lavaba la ropa o barría, me hablaba de su pueblo y de la finca donde vivía, de su familia y del bosque, del río que cruzaba el pueblo. A mi me parecía el lugar más mágico de la Tierra y ella me prometía que me iba a llevar un día.
Durante unas vacaciones escolares, mi mamá me dio permiso de ir al pueblo de Yolanda. Salimos a las 4 de la mañana al terminal de buses (ya en esa época me quería morir con la levantada madrugadora). Tomamos un bus grande hacia el norte. Luego cambiamos de bus a otro más pequeño. Los buses se iban achicando en cada pueblo.
Yolanda vivía a las afueras de Guanacaste, en un poblado aledaño. Para acercarnos, nos esperaba su primo en un camión enorme. Yo no podía creer mi gran suerte. Fue maravilloso tocar la bocina del camión y que retumbara todo. Además, el primo camionero de Yolanda tenía una caja de huevitos de codorniz y yo jamás había visto huevos que no fueran de gallina.
Cuando llegamos al poblado de Yolanda, todos los niños del lugar corrieron alegres a recibirme, todos ya sabían mi nombre, habían visto fotos que Yolanda les enviaba y prácticamente me secuestraron. Me enseñaron a subirme a los árboles, escalamos todos los cerros, seguíamos las huellas de los animales y nos bañamos en el río. A eso me dediqué, básicamente, toda la semana que estuve en la casa de Yolanda.
Una noche me llevaron al templo evangélico del pueblo. Era la primera vez que yo iba a una de estos servicios religiosos. El pastor gritaba y se retorcía y la gente cerraba los ojos y rezaba en voz alta con los brazos levantados, algunos se desmayaban. Yo también hice como que me desmayaba.
La semana acabó y teníamos que volver a la ciudad. Yo debía viajar en avión a Panamá a visitar a mi papá. Me costó mucho despedirme de todos en Guanacaste y prometí volver para mis próximas vacaciones.
Antes de partir al aeropuerto, Yolanda y yo nos despedimos con lágrimas y abrazos, llorábamos como si no nos fuéramos a ver nunca más. Le dije que le escribiría todos los días (lo hice) y que le traería un regalo (le compré una pulsera que decía “Panamá”). Ella nunca me escribió de vuelta y, cuando regresé del viaje, Yolanda ya no estaba, ni sus cosas. Ni su olor. Yolanda ya no trabajaba en mi hogar.
Siempre que veo una Guaria Morada, la flor nacional de Costa Rica, me acuerdo de ella porque le encantaban. Al lado de las fotos de sus hijos siempre ponía una foto de alguna de esas flores. Quizá todavía tiene una foto mía con la de una Guaria al lado.
La conmemoración de un día internacional de la mujer fue propuesto por Clara Zetkin.
Durante la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas celebrada en Copenague, Dinamarca en 1910. Participaban mujeres de al menos 17 países y se acordó la conmemoración de un día para reclamar, principalmente los derechos civiles, políticos y económicos para todas las mujeres del mundo a partir del siguiente año, en marzo. Este mes fue histórico por las luchas de las miles de obreras de Estados Unidos de norteamérica reclamando mejores condiciones de trabajo que fueron violentamente reprimidas.
Fábrica textil en New YorkFábrica Cotton
¿Quién era Clara Zetkin?
Una lideresa socialista alemana, nacida en 1857 (fallecida en 1933) quien representaba al sindicato internacional de obreras de la confección y cuya meta era constituir un movimiento obrero femenino. Fue una mujer de acción, daba discursos, organizaba manifestaciones, daba charlas para las demás trabajadoras promoviendo la emancipación de la mujer, principalmente de las obreras. Fundó el periódico “La Igualdad” donde exponía sus ideas en conjunto con mujeres como Rosa Luxemborgo.
Clara Zetkin
¿Y a que se refería con la “emancipación de la mujer trabajadora”?
El pensamiento socialista plantea que las condiciones económicas o materiales, condiciona todo lo demás. La mujer estaba explotada como trabajadora en las fábricas con bajos sueldos, condiciones inhumanas, sin descanso, con un horario extendido y sin los derechos laborales que ahora nos podrían parecer normales (como vacaciones, XIII mes, seguro social, licencia maternal, entre otros). Y sin posibilidad de organizarse. Además como esposa en la casa con toda la carga de cuidados de la familia.
Ella planteaba que era necesaria la lucha y hacer la revolución para cambiar la sociedad. Su lucha se distinguía de las de otras mujeres (burguesas), cuyos esposos sí tenían bienes y condiciones económicas y materiales dignas. Sin embargo, esas mujeres tampoco tenían el derecho a la educación de calidad, ni a acceder a profesiones, ni a heredar de sus padres o administrar su dinero. Tampoco podían votar, mucho menos participar y ser elegidas. En muchos países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica empezaron a luchar para acceder a las profesiones y a todos los derechos civiles y políticos, pero no todas propugnaban por transformar el modelo económico de sociedad.
Las obreras tenían una doble discriminación. Clara consideraba que las y los obreros debían luchar juntos por transformar la sociedad. Sin embargo, sus compañeros de lucha consideraban que hablar de la desigualdad en el hogar, la violencia o participar en igualdad con los hombres era un tema sólo de mujeres burguesas.
¿Y en Panamá?
Las mujeres tuvieron que luchar para educarse a principios del Siglo XX. El Estado veía bien que algunas mujeres estudiaran sólo para ser maestras. La primera estudiante en la Facultad de Derecho en la década de 1920 fue otra Clara (1898-1990), la nuestra: Clara González. Hija de un trabajador, fue la primera mujer en graduarse de la Facultad de Derecho con una tesis sobre la condición de la mujer, y tuvo que luchar para cambiar la ley y poder ejercer la profesión.
Clara González
Mientras tanto la costurera Julia Palau de Gámez (1890-1941) es de las mujeres pioneras en el movimiento obrero de Panamá. Ella participó en 1923 en el Partido Nacional Feminista fundado por Clara.
Julia Palau de Gámez
Años después, en 1935 otras mujeres pudieron acceder a la Universidad de Panamá, pero las condiciones laborales de las trabajadoras en las fábricas también eran inhumanas. Reclamaban mejores condiciones de trabajo, protección especial para la maternidad, políticas para la educación y la salud pública, entre otros. En Panamá, el sufragio universal se alcanzó en 1946.
Más de 100 años después, ¿por qué las mujeres seguimos manifestándonos? ¿No se alcanzaron ya esos derechos?
Con muchas luchas y altos costos para las mujeres organizadas se han ido alcanzando cada vez más derechos dentro del marco legal. Sin embargo, todos nuestros derechos no están consignados en las leyes, y los que sí están como el fuero maternal, el derecho a amamantar en el empleo, el derecho a la seguridad social, el acceso a la educación desde pre-escolar hasta la educación superior, una vida libre de discriminación y violencia no se nos garantizan a la mayoría de las mujeres. La violencia doméstica sigue siendo el segundo delito más denunciado.
En particular, los derechos económicos, como decía Clara, definen todo lo demás. La tasa de desempleo femenina es mayor que la masculina, los salarios de las mujeres son más bajos (por igual trabajo), hay menos mujeres inscritas en la Caja de Seguro Social, el empleo informal crece cada año; durante la pandemia el empleo femenino fue el más afectado. La mujeres aun cuando trabajemos remuneradamente seguimos asumiendo las tareas y el trabajo de cuidados, y eso impacta en nuestra salud, en las posibilidades de estudiar, trabajar dignamente, de organizarnos y ser libres y felices.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son vulnerados constantemente. Entre los años 2019-2020, ochocientos cincuenta y un niñas menores de 14 años fueron madres. En 2021 la Contraloría General de la República reportó 6,652 denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual. Sin que se apruebe e implemente Educación Integral en Sexualidad para prevenirlo.
Ninguna de las leyes explícitamente anti-discriminación protegen a la población de la diversidad sexual. El reconocimiento del matrimonio igualitario sigue pendiente, al igual que una ley de identidad de género, ni siquiera hay políticas públicas que nos protejan del acoso escolar, ni del acoso laboral por ser sexo diversas. Aunque legalmente se penalice el acoso sexual en los ámbitos laboral y escolar, no existen los Protocolos para que esto se cumpla, mucho menos el acoso callejero.
Por todo ello y por mucho más, CIMUF como primera organización lesbo feminista sigue trabajando día a día y en alianza con grupos feministas, LGBTIQ+ y el movimiento social organizado para construir estas transformaciones por una vida digna para todas y todes con seguridad social, libre de violencia y acoso. ¡Viva el 8 de Marzo!
Niñas entre 8 y 14 años han sido violadas y no han tenido otra opción que dar a luz.
Algunas veces porque la familia de la víctima no interpone la denuncia y en otras ocasiones porque el sistema de justicia y su largo recorrido les quita la opción.
En Panamá cualquier acceso carnal con una persona menor de 14 años se considera violación. NO importa si dijo que sí, si no dijo nada, la ley lo considera una violación. Y, según cifras del Ministerio Público, en 2019 se registraron 1128 denuncias por violación a niñas entre 10 y 14 años (datos más actualizados hablan de más de 6 mil casos de abuso sexual el año pasado, pero no se especifica por edad)
Los números no muestran el calvario legal, emocional y físico que tienen que superar por ser víctimas de violencia sexual y tampoco muestran todo lo que hay que mejorar del sistema, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado y todas las instituciones involucradas en este doloroso proceso.
La norma penal no está pensada desde la óptica de las mujeres ni de las niñas, afirmó la Dra. Maruquel Castroverde, Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio Público en el conversatorio ‘El Estado frente al fenómeno de la niña madre’, realizado en septiembre de 2020 por UNFPA. “La investigación es altamente revictimizante y es un tránsito muy hostil para ella”.
De Peppa Pig a la sala de parto
La falta de información sobre su propio cuerpo o sobre qué hacer en caso de que alguien la toque donde no debe, son los primeros obstáculos para las niñas entre 8 y 14 años.
La mayoría de los casos de violación no se denuncian a tiempo, explican abogados, psicólogos, médicos y orientadores, porque las niñas ni siquiera entienden qué les pasó; cómo es que ‘de repente’ pasaron de estar viendo Peppa Pig en la tele a una sala de parto y, si lo saben, nunca se atrevieron a hablar. “Si lo hicieron, nadie les quiso creer o se les exigió que se quedaran calladas”, manifestó una abogada con experiencia en este tipo de casos.
El mismo Protocolo de atención a víctimas y testigos de delitos contra la libertad e integridad sexual del Ministerio Público reconoce que los abusos no se denuncian por “vergüenza familiar o social”. En general, la madre, quien es la que normalmente acompaña a la víctima, no denuncia a tiempo “porque también ella va a ser culpada: de que no la cuidó bien, de que la dejó sola con el abusador. Y, si no, ‘la culpa la tiene la niña’, por cómo andaba vestida, por cómo se comportaba, etc.”.
La dependencia económica o emocional con el agresor es otro motivo para callar, explica el reporte de UPAVIT. Tampoco se denuncia a tiempo por temor a represalias contra las mismas víctimas o contra alguien de su familia, especialmente si fue violada por integrantes de una pandilla.
El Ministerio Público también considera que no se denuncia porque, en general, la sociedad ha normalizado conductas violentas o sexuales pero, sobretodo, porque tanto las niñas como sus protectores no tienen sistemas o redes sociales de apoyo adecuados.
La barrera del silencio
Bajo la ley, la víctima también puede acudir sola al Ministerio Público aunque sea menor. El/la Fiscal deberá levantar un informe, investigar y pondrá en conocimiento a la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNIAF).
Según una médica del Servicio Médico Legal, el 90% de las niñas víctimas de violación llegan ya con embarazos avanzados, referidas desde algún Centro de Salud a donde fueron con la intención de hacerse un chequeo y no para denunciar la violación.
Como la legislación panameña determina que cualquier acceso carnal que se realice con una persona menor de 14 años se considera violación, cualquier centro de salud o centro asistencial que reciba a estas niñas debe, por obligación, levantar un “Informe de sospecha” y enviarlo al Ministerio Público para que comience la investigación.
En el interior es más frecuente que los acudientes, de la niña o adolescente no denuncien. Entre enero y diciembre de 2020, Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro registraron más de la mitad del total de denuncias por violación. Las Comarca Emberá y Guna Yala, y Los Santos y Herrera fue donde menos denuncias se registraron, pero al cotejar con los embarazos adolescentes, las cifras no calzan. En las comarcas hay más embarazos infantiles, pero no se denuncia la violación que generó el embarazo de esa niña.
Es en estas situaciones y en esas áreas donde se capta a las víctimas de abuso cuando van a los controles prenatales o en el hospital cuando van por alguna emergencia gestacional o ya a punto de parir.
Si se descubre que la menor de 14 fue abusada y tratada médicamente y no se informa al Ministerio Público, habrá graves implicaciones para los (no) involucrados: hasta dos años de cárcel para los funcionarios y los progenitores por omisión del delito, si no es que les quitan la patria potestad.
Comienza el calvario
El Ministerio Público debe comprobar que el violador efectivamente tuvo la culpa y que la niña de 10 años no fue violada por andar con un suéter de Minnie, ni porque su mamá es una incompetente.
Esta investigación puede tomar meses, a veces años.
Aunque la denuncia se haga inmediata y directamente al Ministerio Público y exista un embarazo, el proceso obliga a la niña o adolescente a probar que la violaron.
Cuando la víctima llega al Ministerio Público, deberá pasar un control para su identificación y exponer de forma genérica el motivo de su denuncia. Si hay un(a) psicólogo(a) en las instalaciones, esa persona será la que le tome la declaración. En el Protocolo de atención por abusos sexuales de ese Ministerio se indica cómo deberá vestir quien la interrogue (informalmente para un acercamiento menos intimidante) y ejemplos de preguntas no sugerentes. Si no hay psicólogo(a), la interrogará el fiscal.
A la niña le preguntan: Qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, quién fue, cómo la trataba antes, qué hizo ella, dónde estaba, si ella sabía que estaba mal, por qué no habló antes, por qué no le dijo a su mamá.
A la mamá le preguntan: si ella sabía, si no se había dado cuenta, si ella deja a la niña o adolescente sola mucho tiempo, si sale mucho, si trabaja, cómo la viste, si su pareja la maltrata, si maltrata a la niña, por qué no denunció antes. Todas son expresiones revictimizantes que transmiten culpa tanto a la víctima-sobreviviente como a la madre.
El o la funcionaria deberá leerle a la niña una carta con sus derechos como víctima: Derecho a acceder a información sobre las instituciones públicas y privadas para su atención; derecho a recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia legal gratuita, inmediata y especializada; derecho a ser escuchada siempre, antes de tomar una medida de protección, o antes de llegar a un acuerdo de pena o con cualquier otra negociación. La víctima también tiene derecho a recibir la atención integral por los servicios públicos y privados de salud, con cobertura suficiente, accesible y de calidad.
Otra persona encargada en la Unidad de Atención y Protección a Víctimas deberá hacerle una evaluación psicológica si la niña o adolescente presenta algún trastorno mental o secuela por la agresión.
Mi cuerpo nunca fue mío
Según el protocolo, el funcionario del Misterio Público le debe explicar a la niña violada por qué deberá ir al Instituto Médico Legal (IMELCF), donde un médico forense le realizará una serie de evaluaciones y pruebas médicas.
Todas esas pruebas, realizadas por el médico forense, integrarán un Informe Pericial que incluirá toda la información médica y física de la víctima. El objetivo del informe es contestar las interrogantes que tenga el Ministerio Público sobre lo sucedido y dar luces a la investigación de la Fiscalía.
Durante estas evaluaciones, la niña o adolescente siempre deberá estar acompañada por un adulto responsable o representante legal. También les acompañará un asistente médico del Instituto que actuará además como testigo y dará fe de que todo se realizó de manera correcta. El médico forense asignado tiene que explicarle a la niña lo que le va a hacer y por qué.
A estos médicos se les capacita para atender a estas víctimas, “porque tenemos que saber cómo explicarle a la niña o adolescente que se tiene que desnudar, que hay que tomar unas muestras de su cuerpo, que si tiene golpes hay que sacarle fotos”.
Además de dar sus datos generales, las niñas deben firmar un consentimiento que permita comenzar la evaluación. La mayoría acepta. También firma su representante legal y un asistente médico como testigo.
Adicionalmente el Informe Pericial incluirá:
Los hechos narrados -nuevamente- por la niña o adolescente. Aquí se determina qué tan sensitiva fue la agresión y si fue violada por una o varias personas para así poder determinar, según el tiempo de embarazo, hacia cuál de los agresores debe inclinarse la línea de investigación.
Historial médico-legal que incluirá una evaluación médica; antecedentes ginecológicos para determinar la condición de la niña o adolescente y del producto de la violación, prueba de gravidez y tiempo de gestación; antecedentes médicos y quirúrgicos; examen físico para verificar lesiones; expedientes de la víctima, ultrasonidos del producto, entre otros.
Cualquier tipo de documento relacionado al hecho o al producto (como por ejemplo, un carnet perinatal o algún documento sospechoso). El o la forense deben interpretar el contenido por si surge de él algún indicio que pueda aportar a la investigación.
Muestras de laboratorio. Se analiza la presencia de semen, esperma, células dérmicas, ADN y se revisa si la víctima tiene infecciones de transmisión sexual.
Evaluación psicológica. Por lo general, se le realizan de 4 a 5 evaluaciones de este tipo, que se agendan durante el embarazo, luego del parto y cuando ya el bebé está en casa. Las niñas también deberán recibir apoyo psicológico enel Ministerio Público pero, por falta de recursos estatales, muchas veces deben ser enviadas a otras instituciones aliadas.
Y finalmente, las Conclusiones Médico-Legales del o la doctora que analizó el caso, basadas en la evidencia, los análisis y literatura científica que justifique, explique y ayude a argumentar el caso.
Otra evaluación que puede incluirse en el reporte, meses después, cuando la investigación ha avanzado lo suficiente como para haber identificado al posible agresor, es la toma de muestras de ADN del producto para comprobar su paternidad.
“Todo este procedimiento se hace”, explica la doctora, “tratando de levantar la cantidad suficiente de evidencias científicas y objetivas para que el Ministerio Público pueda procesar al agresor y logre condenarlo”.
Sobra voluntad, faltan los recursos
Lo anterior sólo aplica si la denuncia se hizo en el Ministerio Público.
Si la denuncia entra al sistema a través del Juzgado de Niñez y Adolescencia, algo que se da más frecuentemente cuando las niñas aparecen en el centro de salud al momento del parto, los peritos médicos deben ir al área -no importa dónde quede- y hacer en el sitio la evaluación para que el o la Juez de Niñez y Adolescencia decida, de manera expedita (entre 24 y 48 horas), si esa niña puede volver o se le debe retirar del lugar en donde ocurrió la violencia, explica la doctora del Instituto Médico Legal de Panamá.
Panamá cuenta con centros de acogida supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Instituto Nacional de la Mujer y algunos hogares religiosos, pero es bien sabido que estos no cuentan con los recursos necesarios para apoyar a estas niñas en sus planes de vida, ni asegurarse que reciban la atención correspondiente y calificada después de un trauma de tal magnitud.
Miedo y agotamiento
Una abogada que ha acompañado a decenas de niñas en estos procesos describe que, durante toda la investigación, se evita confrontar a la víctima con su agresor, citándolos en días distintos. Pero puede ocurrir que el agresor se pare afuera del edificio donde la niña declara para asustar o amedrentar, como le pasó a la mamá de una niña abusada, quien detuvo el proceso a la mitad del camino, “porque ella y su hija estaban aterradas”.
Las entrevistas con las víctimas menores de edad se deben realizar en salas especiales con cámaras o sistemas de grabación que permitan realizar una sola y única entrevista, para evitar la revictimización derivada de la reiteración.
“Lamentablemente el protocolo no siempre puede cumplirse al pie de la letra porque faltan recursos que permitan que el sistema de cámaras e incluso las instalaciones mismas estén en buenas condiciones”, agregó la jurista.
2 meses, 8 semanas, 56 días, 1.344 horas
Según indica el Código Penal de Panamá: La mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique será sancionada con prisión de 1 a 3 años. El que provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella será sancionado con prisión de 3 a 6 años y el que provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad será sancionado con prisión de 4 a 8 años (artículos 141 a 143).
El artículo 144 aclara que esas y otras penas señaladas en los artículos anteriores no se aplicarán: “si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación carnal, debidamente acreditada en instrucción sumarial”. En ese caso, “será necesario que el delito sea de conocimiento de la autoridad competente y que el mismo se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo”.
La médica forense que nos dio su testimonio dice que de miles de niñas que le ha tocado tratar, sólo una ha llegado a tiempo para poder interrumpir su embarazo de forma legal, dentro de los dos meses permitidos en caso de violación.
Según establece el protocolo del Instituto Legal, si la víctima llega a sus instalaciones dentro de las primeras 72 horas de haber sido violentada y en la evaluación ginecológica se determina o sospecha que, efectivamente, fue violada y está ovulando, se la transfiere al área de Epidemiología de un hospital donde se le podrán aplicar anticonceptivos de emergencia, así como profilaxis para prevenir ITS.
Si la víctima llega al Instituto Médico Legal después de las 72 horas de haber sido violada, se confirma que lleva un embarazo de menos de 2 meses y desea interrumpir el embarazo, deberá informárselo al fiscal que lleva el caso para que se comience con el procedimiento.
La médico forense indicó que, por protocolo, ellos no están autorizados para darle información sobre interrupción de embarazo a la víctima y que esta, por cuenta propia, debe acercarse al fiscal que lleva su caso para comenzar con el trámite.
Pequeño gran detalle
Se menciona mucho “la niña/la mujer/su representante legal” debe decidir si interrumpe el embarazo o no. Y entonces surge la pregunta: ¿Cómo sabe la niña que puede interrumpir su embarazo legalmente, por ser víctima de violación y teniendo menos de dos meses de gestación? ¿Quién se lo informa y en qué fase del recorrido se le explica o da esta opción?
La atención de una paciente por violencia sexual está descrita en el capítulo 6 del Protocolo Nacional de Atención Integral de la Mujer del Minsa. En él, se detalla claramente el proceso antes y después de las 72 horas de la violación. Este protocolo está en la web del Minsa y la SPOG.
Ninguno de los y las profesionales entrevistadas mencionó este protocolo. Todos a quienes se les preguntó en qué momento del recorrido legal de la niña violada y embarazada se le informa de sus derechos, asumen que alguien, otro, en alguno de los estadios del procedimiento, lo hace.
Jamás se lo han cuestionado. La conclusión es que, si alguna víctima llega a enterarse de este derecho, es porque su abogada se lo informó, luego del peritaje.
Y los médicos forenses tienen prohibido mencionárselo a la víctima. Por protocolo.
Según reconoce una trabajadora de la salud, no todas las enfermeras ni doctores comentan sobre la opción, “algunas sí, pero no todas”.
La conclusión es que no sólo no hay una coordinación entre los estamentos que integran el sistema de soporte para las niñas violadas y embarazadas producto de la violencia, sino que no hay seguimiento ni evaluación que permita descubrir estas falencias que a primera vista mostró esta investigación.
La niña, el procedimiento y los antecedentes
En una situación estándar, la fiscal debe presentar al Juez de Garantía y acreditar el delito de violación para que se apruebe legalmente el aborto. Para ello, deberá presentar antecedentes e información de calidad y cualquier elemento verosímil que muestre “que la niña no está mintiendo” y “que sí fue violada”. La determinación no requiere de una sentencia ni de un detenido.
Los elementos para lograrlo pueden ser testimonios de sus maestros sobre una brutal baja de rendimiento y sus calificaciones, o entrevistas a sus familiares sobre cambios evidentes en el comportamiento de la niña en la casa y, por supuesto, la información pericial.
El procedimiento, además, incluye la participación de entre cuatro y cinco fiscales a los que la niña debe presentarse y que estarán dedicados a distintas etapas en el proceso: decisión de litigación, investigación, etc.
“Esta recopilación de evidencias y argumentos puede tomar, en promedio, unas dos semanas, dependiendo del caso”, explica una funcionaria del Ministerio Público con vasta experiencia en delitos sexuales. “Siempre hay complicaciones y son cientos las variantes que pueden empujar la investigación, paralizarla o cambiarla de curso”, agrega.
Las evidencias reunidas se presentan y con ellas, el o la Juez de Garantía tomará la decisión final: “Y no importa que la niña tenga 10, 9, u 8 años. Si el juez determina que los antecedentes no son suficientes para probar un delito de violación, que la evidencia no es verosímil y queda alguna duda, entonces la violación no se puede acreditar y la niña deberá continuar con el embarazo”, concluye la jurista.
Según información confirmada por la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), si la respuesta del Juez es positiva y se aprueba el aborto, entonces se procede a dar aviso directamente a la Dirección General del hospital regional determinado por el protocolo del Minsa, es decir, de la provincia donde sucedió el abuso. Cada provincia tiene un hospital asignado para este tipo de intervenciones quirúrgicas.
La Dirección General de ese hospital le enviará el caso a su departamento de Ginecología y Obstetricia y éste designará a un médico que esté de turno y que no sea objetor de conciencia, para que realice el procedimiento.
La Comisión
Existe la confusión sobre la labor de la Comisión Multidisciplinaria de Aborto Terapéutico como ente fiscalizador para todos los casos de aborto, pero lo cierto es que este organismo estatal, regulado por el Ministerio de Salud, solamente determina las solicitudes de aborto terapéutico, es decir “por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción” (artículo 144 del código penal), no por violación. Ellos no tienen ningún tipo de involucramiento cuando se trata de esa causal.
Según SPOG, en el caso de una solicitud de aborto terapéutico la Comisión se reunirá en un plazo entre 24 y 48 horas, después de presentada la solicitud de interrupción de embarazo. Si es aprobada, se le indicará al Departamento de Ginecología y Obstetricia del hospital público que, según la región, esté establecido para llevar a cabo el procedimiento de aborto. Es ese departamento, entonces, el responsable de asignar el caso al médico no objetor que esté de turno.
La SPOG aclara que ya se sabe cuáles médicos son objetores de conciencia y cuáles no. “Esto no es algo que se informa en el momento”.
Hay niñas y hay niñas
Una abogada experta en derechos humanos manifestó que, en su experiencia personal, las niñas con recursos y conexiones se realizan abortos en hospitales y clínicas privadas utilizando como diagnóstico la causal terapéutica aunque se haya tratado de una violación. También es común diagnosticar un legrado por embarazo ectópico, con la ayuda de algún ‘médico amigo’ que certifique que el embarazo atenta gravemente contra la vida de la niña.
La SPOG no lo reconoce, pero es una práctica antigua y conocida en los círculos privilegiados.
“Pero para las niñas sin recursos, en cambio, es un asunto de suerte”, se lamenta la abogada de derechos humanos. “ ‘Suerte’ si denunciaste antes de que se cumplan los dos meses. ‘Suerte’ si la investigación culmina dentro de ese tiempo y logras probar que, efectivamente te violaron. ‘Suerte’ si el Juez acepta tu solicitud. ‘Suerte’ es todo lo que necesitan y no tienen las niñas sin recursos, sin información y sin el acceso”.
Las estadísticas del embarazo adolescente
Durante 2020 el MINSA registró casi 10 mil niñas embarazadas, entre las edades de 10 a 19 años, que ingresaron al sistema para recibir atención prenatal.
La Dra. Maruquel Castroverde indicó que 104 niñas de entre 8 y 14 años tuvieron bebés entre enero y julio de 2020, según cifras extraoficiales del Tribunal Electoral recogidas de los distintos hospitales del país.
La Contraloría por su parte, muestra que en 2018, del total de embarazos en niñas de entre 10 y 16 años, hubo cuatro pequeñas de 12 años, tres de 13 años, 25 niñas de 14 años, más de mil niñas de 15 años y 128 niñas de 16 años, que además enfrentaron defunciones fetales. No se informa si ellas sobrevivieron al parto.
Solita
Según una fuente anónima del hospital Santo Tomás, cuando la niña ingresa para dar a luz, ella y sus representantes legales o progenitores deben firmar un consentimiento en el que la menor “se emancipa de su tutela” y se convierte, entonces, en responsable de sí misma para efectos del parto. Ni su mamá podrá acompañarla ni antes ni durante la labor. No importa si tiene 9 años o 10.
“Siempre hay alguna trabajadora social o psicóloga que las apoya, dentro de lo que puede”, afirma la fuente. La falta de recursos no permite que el personal le preste a la niña toda la atención que requeriría, pero sí se preocupan de que por lo menos sepa, a medida que va aumentando el dolor de parto y las contracciones, que el dolor -por lo menos ese- va a pasar.
Cuando se les traslada al área de partos se les induce la labor. Porque el protocolo lo exige, las niñas deben asumir las dolorosas contracciones como cualquier mujer adulta, para que el médico pueda comprobar que su anatomía no tiene la capacidad uterina para dar a luz y le pueda realizar, finalmente, una cesárea. Esta “prueba” es obligatoria en todo servicio médico público.
Y tampoco se les puede anestesiar, que sería lo ideal, “porque el protocolo exige un anestesista pendiente exclusivamente de esa paciente durante toda la labor. Y de milagro tenemos dos para las mujeres que pasan a quirófano”, reconoció la obstetra.
Los médicos intentan acelerar el proceso (y manipular el protocolo) para evitar que el trauma y el terror de la niña se alargue demasiado y poder intervenirlas.
Cuando finalmente el producto llega, algunas niñas o adolescentes lo acogen y se les brinda algunas indicaciones sobre sus cuidados generales y cómo amamantarlo; otras lo rechazan, pero no se les obliga a darle pecho. La trabajadora social coordina lo necesario para que la SENNIAF se haga cargo del bebé. Probablemente, la niña o adolescente tendrá el mismo destino que ese recién nacido.
Gran parte de las niñas y adolescentes que sobreviven un embarazo forzado se enfrentan a hemorragias postparto, anemias severas y a una maternidad sin recursos y sin apoyo.
Muchas desertan de la escuela sin terminar sus estudios. Es en ese momento cuando Panamá pierde ingenieras, doctoras, maestras, directoras de multinacionales, seleccionadas de karate, dirigentes comunales y activistas medioambientales.
Nuestras niñas y adolescentes necesitan crecer en un país que les brinde todas las oportunidades posibles, que las proteja y las convenza de que sí que tienen derecho a planificar su vida, que sí pueden cumplir con sus sueños y que pueden tener una vida sin ninguna forma de violencia.
Para ello, es necesario que todos los actores involucrados en su bienestar trabajen juntos, de manera articulada y coordinada y que exista el mismo objetivo: Poner a las niñas primero, respetar y defender sus derechos humanos, sexuales y reproductivos y ofrecerle servicios esenciales a las víctimas-sobrevivientes de manera oportuna y con calidad.
Para conmemorar a las increíbles mujeres y niñas en la ciencia de nuestro país
Recomendamos este estudio que nos habla sobre las discrepancias de género. No se habla de ello, pero se sabe y debemos incomodar hasta que se corrija la diferencia.
El “Diagnóstico de Género sobre la Participación de las Mujeres en la Ciencia en Panamá” recoge los resultados de una investigación realizada entre mayo y diciembre del año 2018 en Panamá. Su objetivo es medir la participación de las mujeres en la ciencia en relación con los hombres desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. Esta investigación fue impulsada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y realizada con la asesoría de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede de Argentina y la Cátedra Regional UNESCO “Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina”.
Este estudio forma parte del proyecto internacional “The National Assessments on Gender and STI”, que mide la participación de las mujeres en la sociedad del conocimiento en diferentes países.
Panamá pertenece al grupo países que crearon en los años noventa instituciones cuyo objetivo era desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando identificar problemas como el desarrollo económico, los cambios en el ámbito del trabajo, la pobreza y la polarización socioeconómica.
En ese contexto se creó la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en 1997, el sistema nacional científico y tecnológico no contemplaba en sus primeras fases la necesidad de construir políticas especialmente orientadas a la igualdad de género.
La Comisión de Género de SENACYT elaboró, junto a consultoras externas, lo que se dispone sobre género y CTI con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (PENCYT) 2010-2014. Fue en gran parte el interés de las funcionarias de SENACYT lo que hizo posible que en el plan se visibilizara el tema de género.
Según el índice de brecha de género global del World Economic Forum, Panamá ha logrado aproximadamente un 70% del camino hacia la equidad de género con una ligera mejora en los últimos años. No obstante, presenta una pérdida considerable al ser ajustado por desigualdad y la inequidad de género.
Haciendo referencia a las condiciones para la participación de las mujeres en la sociedad del conocimiento, podemos rescatar que las mujeres, al año 2018, presentan alta esperanza de vida sobre los hombres. Los hombres, en cambio muestran una tasa más alta que las mujeres, con relación a enfermedades infeccionas. Por otra parte, en cuento a la salud sexual y reproductiva, la mortalidad materna es uno de los indicadores de salud más alarmantes en el país, aunque resulta inferior al promedio de América Latina y el Caribe. Las comarcas indígenas presentan constantemente tasas superiores al promedio nacional. Un insumo fundamental para las políticas públicas relativas a salud sexual y reproductiva es la información que recoge la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER).
A pesar de que las mujeres cuentan con buenos indicadores de salud (alta expectativa de vida saludable o baja incidencia de enfermedades infecciosas), es específicamente en la salud sexual y reproductiva donde se encuentran los principales déficits del derecho a la salud de las mujeres. La alta mortalidad materna y la maternidad temprana en Panamá ubican al país en una posición baja en el índice de desarrollo humano considerando la desigualdad de género, por tratarse estos de indicadores centrales.
En el marco de estatus social, las mujeres destinan más horas al cuidado de niños/adolescentes y al cuidado de enfermos de cualquier edad, mientras que el hombre, destinan más horas al mercado laboral.
De acuerdo con los estudios de violencia de género, Anualmente se registran entre 1 000 y 1 500 casos de sospecha de violencia intrafamiliar y maltrato al menor, de los cuales la gran mayoría de las víctimas son mujeres. Aproximadamente un 5% de las mujeres panameñas de entre 15 y 49 años reportan haber experimentado violencia sexual alguna vez, y el porcentaje es más alto en las regiones indígenas y en Bocas del Toro que en el resto del país. En Panamá se registran alrededor de 45 femicidios por año, sin tendencia de cambio en los últimos ocho años.
Las mujeres, en la dimensión del estatus económico, tiene menos participación que el hombre. El desempleo afecta más a las mujeres. No obstante, la brecha ha ido disminuyendo. Algunas ocupaciones presentan una distribución bastante equitativa de hombres y mujeres: miembros del poder ejecutivo, técnicos y profesionales de nivel medio, trabajadores de servicios y vendedores de comercio. Estas áreas presentan una distribución que varía entre el 50 y el 55% de hombres en promedio en los últimos doce años.
Dicho lo anterior, se evaluó la brecha que existe en los ingresos laborales y las mujeres panameñas reciben 62 centavos por cada dólar que reciben los hombres panameños por trabajo equivalente. En general, los hombres panameños devengan ingresos cerca del 50% mayores que las mujeres, sin tendencia de cambio en los últimos 12 años.
En el ámbito político, la participación de las mujeres es baja. Panamá ha tenido una sola presidenta, Mireya Moscoso, de 1999 a 2004. Durante los últimos 12 años, el porcentaje de ministras mujeres en Panamá ha oscilado entre el 13% y el 30%, sin una clara tendencia hacia el incremento de la participación femenina.
Estos resultados son el reflejo de la segregación que existe en la sociedad con relación al género. De acuerdo a los comentarios sobre estos resultados, mencionan la discriminación de género en el acceso a posiciones o reconocimientos por los estereotipos vigentes; culturas organizacionales machistas y androcéntricas en sus lugares de trabajo e instituciones científicas; y falta de acciones para conciliar la vida familiar y laboral, considerando que aún se encuentran vigentes los roles de género en la sociedad y en los hogares.
Los indicadores analizados muestran la existencia de brechas de género y brechas étnicas en el ejercicio de derechos básicos y, en particular, derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva y a una vida libre de violencia.
Haciendo una línea de tiempo en los avances a favor de la mujer, podemos destacar:
1994: Nuevo Código de la Familiar, que reconoce igualdad de derechos entre los miembros de las parejas.
1995: Ley N°27, que tipifica los delitos de violencia intrafamiliar y el maltrato de menores.
1995: Decreto Ejecutivo N.° 70, que crea el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU) para orientar, coordinar y velar por el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género.
1995: Ley N.° 50, promueve y facilita la lactancia materna y la Ley N.° 12, que aprueba la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Convención de Belém Do Pará.
2008: Ley N.° 71, creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).
2013: Ley N.° 82, que sanciona la violencia contra la mujer y tipifica el delito de Femicidio en el Código Penal, 2013; Reglamentado en 2017.
En términos generales, se puede afirmar que en Panamá se ha avanzado en los últimos años hacia la reducción de las brechas de género en la salud, la educación o la economía. Sin embargo, se observan pocos avances en los derechos de las mujeres en al menos tres áreas críticas: la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la violencia de género en todas sus manifestaciones, y la participación política de las mujeres.
Esta segregación en la ciencia basada en sesgos vinculados a estereotipos, prejuicios y roles de género, aún muy vigentes en la sociedad panameña, e incluso entre los tomadores de decisiones de políticas públicas, se mantiene con escasa variación en el periodo que incluye este estudio.
Edición: Katiuska Chen Zou
Fuente: SENACYT Panamá, Diagnóstico sobre mujeres y CIT en Panamá.
En el interior es más frecuente que los acudientes, de la niña o adolescente no denuncien. Entre enero y diciembre de 2020, Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro registraron más de la mitad del total de denuncias por violación. Las Comarca Emberá y Guna Yala, y Los Santos y Herrera fue donde menos denuncias se registraron, pero al cotejar con los embarazos adolescentes, las cifras no calzan. 
